La revocación de mandato se ha tergiversado para instituirse en ratificación del gobernante. Es una medida extraordinaria de pocos países. En donde existe es para dar una salida institucional a una crisis mayor producto del rechazo popular a quien gobierna. Respecto a un jefe de gobierno que es jefe de Estado, como sucede en los regímenes presidenciales, la remoción o la renuncia voluntaria o forzada plantean una crisis mayor. Como quiera que sea es un recurso extraordinario, delicado en extremo porque va de por medio la estabilidad política y, eventualmente, la paz social.
En México el obradorismo la introdujo como un medio para reafirmarse en el poder, así fue diseñado y en la práctica así ocurrió, aunque con resultados decepcionantes por la ausencia de votantes, apenas 18% porque, como era previsible, la abrumadora mayoría rechazó la remoción del mandatario. Fue pretensión del régimen utilizarla para interferir en la elección intermedia, intención rechazada ya que metía de lleno al gobierno federal a la elección afectando la imparcialidad, además del daño al principio de equidad en la contienda.
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Por el precedente, es inevitable que exista la pretensión de repetir el proceso de consulta, que ahora plantea distintos retos y nuevamente se hace presente la modificación de la fecha con una reforma constitucional para que coincida con la elección intermedia, en la que habrá 17 elecciones de gobernador, prácticamente la renovación de todos los ayuntamientos y congresos locales y la segunda parte de la elección del Poder Judicial. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, muy cercano a la presidenta Sheinbaum, ha planteado cambiar la fecha para ahorrar gasto electoral, según él. Si así fuera, mejor que no se realice la revocación, nadie la ha solicitado.
Las consideraciones para evitar la modificación de fecha persisten, más ahora con la captura de los órganos superiores del INE y del Tribunal Electoral, el acento en la parcialidad gubernamental y el sometimiento de los factores reales de poder que sirven de contención al abuso de autoridad en toda democracia; no se diga la crisis profunda de la oposición institucional. En tales condiciones sorprende la postura del principal partido opositor en su disposición a modificar la fecha de la consulta.
La postura del PAN está condicionada. Ellos dicen que estarían dispuestos a cambiar la fecha si se resuelve que habría una nueva elección popular para determinar quién sería el mandatario que concluiría el gobierno, y así evitar que Morena imponga a uno de los suyos, eventualmente, algunos de los líderes parlamentarios. También exigen que todos los mandatarios estatales sean objeto de consulta en la misma fecha.
Lo menos que se puede decir es que la pretensión del PAN es frívola, porque se avala la idea de que tal consulta es un ejercicio de propaganda y movilización de recursos públicos para reafirmarse en el poder, incluso para que el gobierno intervenga en la disputa electoral; e inviable porque el cambio de fecha no incorporaría la propuesta del PAN, se haría conforme al interés de la mayoría parlamentaria. Más bien parece una baladronada que no mide o entiende la adversa situación de la oposición. Además, la revocación nadie la está solicitando; es pretensión de Morena llevarla adelante.
La presidenta Sheinbaum debería ver con reserva la consulta. De antemano se ganaría, de eso no hay duda, por las buenas y las malas razones, pero los términos del resultado pueden ser complicados. Para empezar, sería prácticamente imposible que se dieran los mismos números de quienes votaron por ella en 2024, simplemente porque disminuye la participación electoral.
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También, plantea la posibilidad de que los resultados de la elección intermedia no sean los esperados, como ha ocurrido con todos los presidentes desde 1997, incluso López Obrador en 2021. Un resultado a la baja se le imputaría a la presidenta, cuya preocupación es defender al país de sus amenazas, buenos resultados del gobierno, mantener la unidad de su coalición y preparar la sucesión. La consulta a nada de eso contribuye y distrae o complica.
La oposición debería pronunciarse contra la consulta, es decir, no pretende cambiar a la presidenta; en todo caso, que actúe como tal y represente a la totalidad del país y anticipar que, de llevarse a cabo el ejercicio, con o sin cambio de fecha, se entiende como un juego de poder dentro del obradorismo con la intención de debilitarla, en una disputa anticipada por la sucesión.
