Las dos centrales carboeléctricas de Coahuila, “José López Portillo” y “Carbón II”, deben mantenerse como “reserva fría”, de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno Federal tras la reforma energética de 2014, consideran economistas.
Es momento de abrir paso a las propuestas de inversión para construir, en ese mismo sitio, plantas fotovoltaicas, como se indica en el ensayo “México: Transición energética en vilo”, presentado el viernes por sus autores y el Colegio de Economistas de Coahuila, dentro del libro “México: ¿la gran transformación?”, escrito por 14 académicos bajo la coordinación de Robert Boyer y Alenka Guzmán.
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A juicio de los economistas Alejandro Dávila, Ylsel Gutiérrez, Reynier Rodríguez y Miriam Valdés, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes intervinieron en el referido trabajo de investigación, “parece sensata la decisión del Gobierno Federal de mantener como reserva fría las plantas carboeléctricas de Coahuila”.
Esta medida, junto con la creación de plantas fotovoltaicas, “son relevantes”, si se considera que “dependemos del gas natural para generar más de la mitad de nuestra electricidad, y que el 70% de ese combustible es importado de Estados Unidos”, señala el texto.
En las decisiones estratégicas del Gobierno de México con relación a este sector, debe ponderarse, incluso, “el papel de la energía nuclear en el respaldo de la transición eléctrica”, infieren los expertos en su obra de 70 mil caracteres.
Respecto de la necesidad de preservar el medio ambiente, estiman que se trata de una cuestión de sobrevivencia: “De no reducir rápidamente nuestra dependencia de estos energéticos, nos dirigimos hacia un suicidio colectivo”.
“Entre más tardemos en moderar nuestro consumo energético y en impulsar una transición acelerada hacia las fuentes limpias y renovables, mayores serán los costos ambientales, sanitarios, económicos y sociales”, advierten los analistas.
Como parte de sus observaciones, en función del ensayo, los investigadores convienen en que: “…las cifras nos sugieren algo más que la tendencia al agotamiento de los yacimientos: una pésima gestión de los recursos energéticos nacionales”, para luego insistir en que “es preciso reducir rápidamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, abatiendo aceleradamente su consumo”.
“En esta perspectiva, las políticas de adaptación y combate al cambio climático nos proporcionan estrategias viables e incluyentes. La descarbonización y el rápido crecimiento del sector eléctrico es la puerta de entrada a este proceso”, añaden.
Descarbonizar la electricidad
Remarcan enseguida “las ventajas económicas, ambientales y sociales de la transición de las centrales generadoras más costosas y contaminantes (carboeléctricas y termoeléctricas convencionales) a plantas solares y eólicas”.
“Para un mismo nivel de producción de electricidad, esa sustitución permitiría abatir en 38.5% el precio de costo del kWh generado, ahorrar 59 mil 705.73 millones de pesos en insumos domésticos, y 63 mil 595.27 en importados, fundamentalmente por el abatimiento en la compra de combustibles fósiles”, subraya el documento.
Por otra parte, las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) del sector eléctrico bajarían en un 60.2%, es decir, 61 millones 771 mil 306 toneladas de CO2e.
Asimismo, menores precios de la electricidad fortalecerían la competitividad económica de todas las actividades productivas, y permitirían ahorros a nivel de familiar en todos los estratos de ingreso, beneficiando en mayor medida a los grupos de percepciones bajas, por lo cual abonaría a reducir las desigualdades de ingreso.
“Paradójicamente”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería la principal beneficiaria con esta transformación, pues “dejaría de operar centrales con números rojos, y podría destinar esos recursos a invertir en plantas renovables.”
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“Para materializar estas transformaciones —se agrega— es necesario un Mercado Eléctrico Mayorista (MEN) que dé prioridad en el despacho a las centrales que ofertan a menores precios y que opere con transparencia los criterios de seguridad y confiabilidad en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).”
También es indispensable “una política pragmática que evite que la preeminencia del Estado ocurra a costa de la sobrevivencia de la especie”.
Los autores incluyen en su ensayo la siguiente cuestión: “Si las ventajas de la descarbonización del sector eléctrico son tan evidentes y significativas, ¿qué factores la han inhibido?”.
“Además de los prejuicios ideológicos —concluyen—, otra razón poderosa pueden ser los intereses afectados con estos cambios”.
Al respecto, los economistas dejan una reveladora interrogante en el aire: “¿Quiénes se benefician de los contratos de adquisición de los combustibles fósiles?”.
