A un año del secuestro y detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, “El Mayo”, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue esperando que Estados Unidos le comparta información detallada para determinar si fue entrega o captura.
Tras los hechos del 25 de julio de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la FGR exigieron al gobierno de Estados Unidos un informe completo sobre la operación, en la que no participaron fuerzas mexicanas.
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En un primer informe, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hoy titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que desconocían los detalles de lo sucedido y que esperaban una postura oficial del Departamento de Justicia de EU sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del caso.
En un principio, la funcionaria señaló que el avión con “El Mayo” y “El Güero” a bordo había partido de Hermosillo, Sonora, pilotado por un estadounidense llamado Larry Curtis Parker; sin embargo, posteriormente se supo que la aeronave King Air, con matrícula N287KA, despegó de una pista clandestina cercana a la ciudad de Culiacán y que el piloto no era quien se había dicho.
Cuatro días después, el 29 de julio, Rodríguez Velázquez informó que la Embajada de Estados Unidos en México respondió a la FGR que fuerzas estadounidenses fueron alertadas de que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades de su país y que las mismas “fueron informadas aproximadamente a las 2:40 pm” (del 25 de julio de 2024), una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave.
Las autoridades estadounidenses carecían de alguna confirmación independiente de que Ismael Zambada García fuera efectivamente en el vuelo.
En la primera semana de agosto del año pasado, Frank Pérez, abogado de “El Mayo”, difundió una carta en la que el capo sinaloense reveló que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López, quien lo traicionó.Aseguró que el 26 de julio de 2024 fue “emboscado” cuando acudió a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, asesinado ese día en un rancho de las afueras de Culiacán.
”Mientras caminaba hacia el área de reunión vi a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde pequeño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras”.
”Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me empujó al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia fui sometido a abuso físico, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado… el vuelo duró aproximadamente de dos y media a tres horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas”, aseguró.
En un comunicado emitido el 15 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la República acusó a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, de traición a la patria por entregar a su padrino, Ismael Zambada García, a las autoridades estadounidenses.
La dependencia federal afirmó que Zambada García, preso en Nueva York, fue llevado a país vecino en un “vuelo ilegal, con un avión de matrícula clonada y con una conducta absolutamente irregular de quien pilotó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya se dio sólo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”.
Indicó que las pruebas fundamentales para acreditar el delito de traición a la patria a Guzmán López, se encuentran dentro Estados Unidos, por lo que realizó una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del gobierno estadounidense, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer responsabilidades.
Por tal motivo, la Fiscalía General de la República hizo al Departamento de Justicia de Estados Unidos una serie de preguntas en las que solicita aclarar el “vuelo ilegal” que llevó al sinaloense y a su ahijado Joaquín Guzmán López, El Güero, a territorio estadounidense.
Asimismo, le requirió documentos sobre la autorización previa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del vuelo en que llegaron El Mayo y El Güero, al aeropuerto de Santa Teresa; datos sobre los pasajeros, del sistema de seguridad de radares de EU en la zona fronteriza con México, constancia migratoria de la recepción del vuelo, identificación del piloto, aeronave y registros reales de la matrícula y serie de la aeronave, información que no ha sido proporcionada hasta el momento, según fuentes federales.
En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se reveló en febrero de este año, el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, pidió ser repatriado al considerar que su traslado a Estados Unidos fue irregular.
Advirtió que la relación entre México y Estados Unidos sufriría un “colapso” si no es extraditado a nuestro país.
Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República revisar el tema y, al respecto, su titular, Alejandro Gertz Manero, reveló que han solicitado la extradición de Zambada García en cuatro ocasiones, pero no han obtenido respuesta de las autoridades estadounidenses.
”Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para esta persona, que había salido del país en contra de su voluntad y que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes. En diciembre del año pasado (2024) el Departamento de Estado en Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento; hemos insistido en cuatro ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano [encabezado por el presidente Joe Biden] y no hemos tenido respuesta”, indicó el fiscal Gertz Manero.
