Con una mayoría de 22 votos a favor y apenas dos en contra, el Congreso de Coahuila aprobó este martes la extinción del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), como parte de una reestructuración legal que modifica las leyes locales en materia de transparencia y protección de datos personales.
La reforma, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y respaldada por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, así como por la de Transparencia y Acceso a la Información, contempla la abrogación de dos leyes vigentes para dar paso a nuevas disposiciones. El decreto aprobado también modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, formalizando la desaparición del organismo autónomo encargado, hasta ahora, de garantizar el acceso ciudadano a la información.
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De acuerdo con el dictamen, el ICAI mantendrá su personalidad jurídica únicamente durante los próximos 20 días, periodo en el que se llevarán a cabo los procesos administrativos de entrega, recepción y liquidación. Concluido ese plazo, sus funciones, así como sus recursos materiales y humanos, serán absorbidos por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La diputada Guadalupe Oyervides, coordinadora de la Comisión de Gobernación, explicó que esta reforma responde a un proceso de homologación normativa a nivel nacional, que inició con cambios en la Constitución local y concluye ahora con la aprobación de las leyes secundarias. Señaló que la nueva estructura no solo preserva los mecanismos existentes de acceso a la información, sino que busca fortalecerlos mediante procedimientos más claros, plazos definidos y mayores garantías para la ciudadanía.
“En este caso, transitan a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pero queda el mismo andamiaje para que exista la responsabilidad de otorgar a las y los ciudadanos lo que ya otorgaba este sistema”, afirmó la legisladora.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, organismo autónomo o persona física o moral que reciba recursos públicos.
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Introduce además el concepto de un Subsistema de Transparencia del Estado de Coahuila de Zaragoza, encargado de coordinar las acciones para proteger este derecho, integrado por el Consejo Estatal de Transparencia, autoridades garantes, sujetos obligados, comités y unidades de transparencia.
La ley establece las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia para los sujetos obligados y regula los procedimientos de impugnación, incluyendo la denuncia por incumplimiento y el recurso de revisión.
Por su parte, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza tiene como finalidad garantizar el derecho a la protección de los datos personales en posesión de entes públicos, estableciendo las bases, principios y procedimientos para su tratamiento y para el ejercicio de los derechos ARCOSP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Supresión y Portabilidad).
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La ley exige a los sujetos obligados implementar mecanismos que acrediten el cumplimiento de los principios y deberes legales, como la asignación de recursos, la elaboración de políticas y programas de protección de datos, así como la capacitación del personal.
También se incluyen disposiciones específicas para el tratamiento de datos personales en procesos relacionados con la búsqueda y localización de personas desaparecidas y la identificación de personas fallecidas. En estos casos, se exige la aplicación de protocolos específicos y avisos de privacidad que garanticen que la información solo se utilice con esos fines. Además, se establece la obligación de implementar medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración o uso no autorizado.
