Un tribunal federal puso punto final al caso del presunto lavado de 720 millones de dólares, supuestamente sustraídos de la Fundación Jenkins.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca canceló las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación por el delito de lavado de dinero contra cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus abogados, porque la indagatoria fue reabierta ilegalmente por la FGR.
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El fallo con alcance de sentencia absolutoria se dictó en favor de Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.Con esta resolución, las nueve personas que fueron perseguidas por este asunto han librado en forma definitiva la imputación.
El fallo del tribunal fue dictado en forma unánime por los magistrados Josué Osvaldo Garduño Sánchez, Sara Olimpia Reyes García y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Todos ellos confirmaron el sobreseimiento o cancelación de la indagatoria contra dichos imputados, dictado el 1 de octubre pasado por Enrique Beltrán Santés, entonces juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
La razón por la que este asunto se vino abajo es que tanto el juez como el tribunal concluyeron que la carpeta de investigación ya había sido archivada por la FGR en mayo de 2018 y fue reabierta ilegalmente el 12 de junio de 2020.
La ilegalidad radica en que la indagatoria se reabrió por una instrucción de la FGR y no por una resolución de un juez de control, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Por consecuencia, las órdenes de aprehensión que en 2021 fueron giradas contra nueve presuntos implicados, así como las vinculaciones a proceso dictadas a dos de ellos, quedaron sin efecto, al derivar de un acto inconstitucional.
En 2014, Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, inició una denuncia en la Junta de Puebla y el SAT en contra de sus hermanos, a quienes acusó de apropiarse del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954.
