Enrique “N”, acusado por el atropellamiento que derivó en la muerte del motociclista Jonathan Chávez, no enfrenta el proceso en prisión, pero tampoco está en libertad plena, según explicó la Fiscalía General del Estado. La medida cautelar que se le dictó fue la de resguardo domiciliario, lo que implica que deberá permanecer en su domicilio durante el desarrollo de la causa penal.
De acuerdo con Julio César Loera Ruiz, delegado de la Región Sureste, esta determinación se dio tras la concesión de una suspensión por parte de un juez federal, en el marco de un juicio de amparo promovido por la defensa.
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El delegado indicó que uno de los argumentos presentados por la defensa fue que el imputado recibió, supuestamente, amenazas tras hacerse público el caso. Además de que, según el delegado, la intención del señalado no era evadir la justicia, sino proteger su integridad.
“Empezó a recibir un sinfín de amenazas y su intención no era sustraerse de la acción de la justicia, sino que ya era una cuestión de seguridad propia, porque pues amenazaban con ir a quemar su casa”, dijo Loera.
Además, señaló que el tipo penal por el que se le acusa -homicidio culposo- no figura dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que permitió al juez de control dictar una medida cautelar distinta a la prisión.
“No todos los delitos tienen la necesidad de enfrentarse en prisión preventiva. Tenemos más de mil denuncias de amenazas, y si todas implicaran cárcel, no tendríamos la capacidad para sostenerlo”, afirmó el funcionario.
Comentó también que este no es un caso aislado, aunque no precisó el número exacto de personas que actualmente enfrentan procesos penales bajo condiciones similares. Afirmó que este tipo de resoluciones depende de múltiples factores, como la naturaleza del delito y la evaluación del juez federal.
“No siempre opera la suspensión en el caso del juicio de amparo, sino que esto deviene de si es o no un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Cuando no lo es, entonces el juez dice: ‘sí, espérate, no impongas esta medida’”, dijo.
Finalmente, Loera aclaró que el resguardo domiciliario puede modificarse en caso de incumplimiento. Si eso ocurre, la Fiscalía puede solicitar una revisión ante el juez para que se imponga una medida más restrictiva.
