Ante el anuncio de un programa del Infonavit que permitirá a personas que han invadido viviendas adquirir legalmente esos inmuebles, el sector privado advirtió que dicha medida podría incentivar no solo la toma de más casas, sino también de empresas y negocios. Por ello, hicieron un llamado a privilegiar la protección de la propiedad privada.
Manuel González Zozaya, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Coahuila, consideró que el programa “alienta las invasiones” y representa una forma de “regularizar un robo”, ya que se trata de viviendas con propietarios legítimos cuyo derecho debe ser respetado.
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“Los desarrolladores de vivienda estamos muy preocupados, porque con estas medidas cualquier persona puede invadir una vivienda en proceso de construcción o ya terminada, sabiendo que más adelante podría legalizarla. Esto puede ocurrir en cualquier zona de la ciudad”, advirtió.
González Zozaya insistió en que el Infonavit no tiene facultades para legalizar este tipo de actos y cuestionó qué postura tomará la nueva Corte en caso de disputas judiciales: “¿A quién le darán la razón, al empresario legítimo o al Infonavit? Es muy diferente litigar con el posesionario dentro de la propiedad que cuando el dueño tiene la posesión”.
Por su parte, Carolina Torres Martínez, también ex presidenta de Canadevi Coahuila, calificó la medida como “utópica”, al señalar que los invasores suelen carecer de empleo formal y se trasladan de una vivienda a otra, lo que dificulta su acceso al crédito.
“Regularizar su situación será muy complicado. Primero, la casa debe estar liberada del crédito original, y eso implica un juicio o litigio. Son dos procesos distintos que deben resolverse”, explicó. Además, señaló que en muchos casos la invasión ocurre cuando el propietario abandona la vivienda por falta de cultura crediticia, al cambiar de ciudad o dejar de pagar.
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Jorge Verduzco Rosán González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, agregó que el Infonavit no cuenta con facultades jurídicas para legalizar la ocupación de un terreno, por lo que el anuncio del director del instituto ha generado incertidumbre entre quienes son legítimos propietarios de sus tierras.
Reconoció que el problema del paracaidismo es grave en el país, especialmente en estados del sur, por lo que cree que el programa busca atender esa situación. Sin embargo, pidió esperar más detalles antes de emitir un juicio definitivo.
El empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez fue más enfático y criticó el programa al afirmar que “la Ley del Infonavit no fue creada para dar casas a delincuentes civiles, sino a los trabajadores”. Acusó al instituto de estar “manoseando la ley”.
“Con este programa se premiará al delincuente con una renta muy baja. Esto puede sentar un peligroso precedente y después veremos invasiones no solo en viviendas, sino en empresas, hoteles y comercios”, advirtió.
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Dávila Rodríguez señaló que municipios como Ramos Arizpe podrían verse especialmente afectados, debido a la existencia de viviendas abandonadas por trabajadores que emigraron a otras ciudades, a pesar de haber pagado sus aportaciones.
Propuso que, en lugar de regularizar a invasores, se implemente un programa que ayude a los trabajadores formales que están a cien o doscientos puntos de obtener un crédito. “Ellos sí cumplen y cotizan, y deberían ser la prioridad del Infonavit”, concluyó.
