Tal como el Gobierno Federal lo perfiló desde la semana pasada, el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló al equipo del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a autoridades municipales en Teuchitlán, como los primeros responsables de que el horror que está escupiendo el rancho Izaguirre no se investigara a fondo ni se frenara. La imputación informal, sin tener plenamente documentadas sus hipótesis, generó soundbites en los medios, mientras que la confirmación de la existencia de restos óseos conquistó los titulares. Pero lo más importante de este desaseo legal es que, en una hora, indujo a la opinión pública hasta dónde llegará y qué no tocará.
